Ramón Cruz Benzán
Santo
Domingo
Un juez dicta orden de arresto, por un
presunto soborno de más de tres millones de dólares, para la compra a Brasil de
ocho aviones Súper Tuca, contra el exministro de las Fuerzas Armadas,
mayor general Pedro Rafael Peña Antonio; el coronel de la aviación Carlos
Picini y los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, padre
e hijo. Estos últimos ya se encuentran detenidos.
Las órdenes de arresto fueron emitidas
por el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito
Nacional, José Alejandro Vargas, acogiendo un pedimento del Procuraduría
Especializada contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa (PEPCA), según explicó la titular de este organismo
Laura Guerrero.
Guerrero dijo que el general retirado y
el coronel se resisten acudir a ese organismo, alegando que debían contar
con la autorización del Ministerio de Defensa.
Guerrero dijo que en torno al caso se
encuentran bajo arresto los empresarios Aquino Méndez y Aquino Hernández.
Asimismo, informó que se estarán investigando a varios legisladores, pero
no mencionó los nombres ni los partidos a los que pertenecen.
Dijo que también están siendo
investigadas cuatro empresas, incluyendo las 4Q, propiedad de los empresarios
detenidos, que se encargaban de los negocios del banco en Brasil.
Se recuerda que la investigación fue
iniciada por el PEPCA, luego que fuera instruida por el procurador general de
la República, Francisco Domínguez Brito, para determinar si hubo soborno en la
compra de los aviones adquiridos con préstamos de 93.7 millones de dólares,
aprobados por el Congreso Nacional.
Laura Guerrero dijo que la investigación
tiene un soporte de más de dos mil documentos que fueron enviados por las
autoridades de Brasil para ayudar en la pesquisa.
El proyecto de los Súper Tucanos fue
impulsado por las Fuerzas Armadas que defendió la necesidad de adquirir los
aviones para resguardar el espacio aéreo y las costas nacionales ante el avance
del narcotráfico internacional, que utiliza al país como puente de sus
operaciones.
Los empresarios se encuentran en el
despacho de la titular del PEPCA y se espera que sean trasladados a la cárcel
preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se le conocerá medida
de coerción.
Guerrero dijo que tanto el coronel como
el general retirado enviaron sendas comunicaciones informando que no
comparecerían por ante su despacho, porque no tienen autorización del
Ministerio de Defensa.
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