Ocultamiento de bienes y falsas declaraciones juradas.

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo

La Procuraduría General de la República solicitó ayer al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, ordenar la inscripción de la hipoteca judicial sobre los inmuebles de los siete imputados en el caso Odebrecht.

El Ministerio Público, en su instancia de solicitud de apertura a juicio en contra de los imputados, que consta de 528 páginas, sostiene que con la inscripción de la hipoteca judicial se busca garantizar el pago de las multas que eventualmente les sean impuestas a los acusados, y la posible confiscación de estos a favor del Estado dominicano.

Asimismo, pidió que se mantengan las medidas de inmovilización de fondos impuesta a los imputados Ángel Rondón, Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez y Tommy Galán, del 26 de mayo del 2017, por ser ésta la única que garantiza que éstos no distraigan los fondos retenidos en relación a los hechos graves de que son acusados.

De igual forma, la Procuraduría solicitó al tribunal que se mantengan las medidas de coerción impuestas por ese tribunal en contra de seis de los acusados, por ser estas las que garantiza que los mismos no se sustraigan al proceso penal que se le sigue por los hechos que se les imputan.

Mientras que en cuanto al imputado Jesús Vásquez Martínez (Chu), solicita inmovilizar provisionalmente sus cuentas bancarias, certificados financieros y valores registrados en el sistema financiero nacional, así como que se le imponga el pago de una garantía económica de 20 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica

El Ministerio Público pide además que el tribunal procede acreditar para el juicio todas las pruebas aportadas por la parte acusadora para fundamental la presente acusación, por ser la misma útiles, relevantes y pertinentes, para justificar la probabilidad de una condena en contra de los acusados.

Ángel Rondón

Conforme con la acusación presentada por el Ministerio Público, el imputado Ángel Rondón, sobornó a funcionarios y legisladores con la finalidad de beneficiar a la Constructora Norberto Odebrech en la adjudicación de obras, siendo este imputado el principal eslabón en la cadena de sobornos estructurada.

Para colocar los recursos ilícitos en el sistema financiero nacional, Rondón, según la acusación, utilizó una serie de maniobras que incluyen operaciones bancarias y comerciales y adquisición de bienes muebles e inmuebles.

De igual modo, sostiene el Ministerio Público, Rondón contó con la colaboración de familiares, amigos y personas cercanas y todo un entramado societario para tratar de dar apariencia de licitud al dinero ilícito que a granel obtenía como consecuencia de las acciones delictuales que cometía en contra del Estado dominicano.

Aduce que en la entrevistas realizadas a los empleados de Odebecht por el Ministerio Público de Brasil, el imputado Rondón, es señalado como la persona encargada de repartir los pagos por sobornos e influir con su accionar ilícito en la adjudicación de obras y aprobación de préstamos en la República Dominicana.

Detalla que según los contratos la función de Rondón era de consultoría, no definiendo con exactitud los servicios que debían ser prestados lo que demuestra la falsedad en esos contratos , que más bien eran utilizados como escudo para sustentar las transacciones de fondos que el imputado utilizaba para sobornar.

Señala que el imputado Rondón organizó la estructura de manera que los pagos recibidos no pudieran despertar sospechas, es por estos que se realiza a través de sus empresas, que incluyen Conamsa Internacional y Lashan Corp. Precisa que el delator brasileño Luis Eduardo Da Rocha Soares indica que se realizaban los pagos a estas empresas cuyo beneficiario era el imputado Rondón, señalando que éste hacía la distribución de esos valores para los funcionarios del país.

El Ministerio Público pudo determinar que durante el periodo comprendido entre 2002 y 2014, Rondón entregó altas sumas de dinero por concepto de soborno a favor de los imputados contra quienes se solicitó auto de apertura a juicio, los cuales a su juicio presentaron un incremento patrimonial injustificado “ es decir, se enriquecieron ilícitamente y luego colocaron, ocultaron e ingresaron esos recursos a la economía formal.

Expresa que Rondón incurrió en la práctica de entregar sobornos al imputado Díaz Rúa, para éste, a su vez, beneficiar a la constructora Norberto Odebrecht, en perjuicio de otras empresas nacionales y extranjeras y del propio Estado, otorgándole contratos para la construcción de las obras Adenda III del acueducto de la Línea Noroeste, ampliación del Acueducto de la Linea Noroeste, Carretera Casabito, Corredor Duarte y Carretera El Río Jarabacoa, lo cual fue posible por la relación directa de los imputados.

JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ (CHU)

Conforme con la acusación otro imputado que recibió sobornos fue Jesús Vásquez Martínez (Chu), en su condición de presidente del Senado, para favorecer a la Constructora Norberto Odebrecht, los cuales recibió también por intermedio de Rondón, para realizar gestiones e influir, para que en fecha 06 de enero del año 2004, se aprobara contrato para el financiamiento de la Hidroeléctrica Pinalito, por un monto de US$131,721,079,97.

El ex senador Vásquez Martínez, quien hace apenas cuatro días fue incluido en este caso, señala la acusación, por intermedio de su esposa, la señora Deonicia Marte Almonte, recibió en fecha 3 de octubre de 2007, un pago de parte de Rondón, mediante cheque desde la sociedad Arma S.A, por un monto de RD$619,000,00.

Destaca además, que el 15 de marzo de 2009, Vásquez Martínez por intermedio de su hijo, Jesús Stalin Vásquez Marte, recibió un pago de parte del imputado Rondón, mediante cheque desde la sociedad Arma, S.A, por un monto ascendente de RD$500,000,00.

Sostiene que el 20 de abril, el imputado Vásquez Martínez, recibió un pago de parte de Rondón, mediante cheque desde la sociedad Arma, S.A, por un monto ascendente a RD$1,050,000,00. Los tres suman poco más de dos millones de pesos (RD$2, 169, 000).

También los fiscales resaltan que junto con su cónyuge manejó un total de créditos por más 168 millones de pesos (RD$168, 531,709), mientras que en dólares la cifra superó el millón de dólares (USD$1,107,707) , cuando dicen haber comprobado que a ninguno de los dos se le conoce una actividad económica importante.

Alegan que estos movimientos de efectivo, más 12 inmuebles que poseen, son fruto de los recursos de soborno que recibió cuando fue presidente de la cámara alta, en 2003.

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CASO DEL ABOGADO CONRADO PITTALUGA

El imputado Conrado Pittaluga participó en calidad de cómplice en los sobornos del imputado Díaz Rúa, facilitándole los medios para que el alto funcionario público en el periodo 2004-2012, se beneficiara de sobornos en forma de pagos de dinero constructora Odebrecht.

Aduce la instancia, que para obtener ilícitamente esos beneficios Díaz Rúa auspició y aprobó, en su condición de Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones entre 2007 y 2012, la Cesión y Enmienda a los contratos de construcción y financiamiento de la autopista del Coral, una de las obras que mediante el tráfico de influencias y el soborno, logró Odebrecht que se le adjudicara en el país.

Precisa que los medios utilizados por Pittaluga, para facilitar el pago de soborno a su socio Díaz Rúa, consistieron en la suscripción de un contrato simulado de prestación de servicios de asesoría con la constructora Odebetrch, que sirvió como fachada para disfrazar los pagos de sobornos de esta empresas, destinados al imputado Díaz Rúa y de crear una compañía pantalla offshore a través de la cual recibió el dinero ilícito.

Según declaraciones de Marco Antonio Vasconcelos Cruz para la adjudicación del contrato de construcción del tramo carretero Romana-Higuey, denominado autopista del Coral, el imputado Díaz Rúa, exigió a Odeberecht el pago del 1.25% del valor total del contrato de la construcción de la obra y que dicho pago fuera disfrazado con un contrato de simulado con su abogado y socio Conrado Pittaluga.

A partir del año 2011, Odebrecht realizó a favor de Conrado Pittaluga transferencias por la suma US$6,629,080.00 por concepto de supuestos servicios legales a través de la compañía Newport Consulting LTD, fraccionados en varias transacciones en cuenta corriente del banco Meinl Bank, según Certificación aportada por Odebrecht. Conforme con la acusación Pittaluga ocultó el origen, naturaleza y destino de fondos que recibió de la compañía Odebrecht destinados al imputado Díaz Rúa, a sabiendas de que se trataba de fondos producto de la infracción grave del soborno, con la finalidad de que ambos pudieran eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.

Fuente: ListinDiario